“Artículo opinión Erick Coyoy”
La descalabrada situación de las finanzas públicas, causada por la desenfrenada corrupción en las aduanas del país durante el anterior periodo de gobierno, ha ocasionado una precaria situación de todas las entidades públicas, principalmente las encargadas de proveer los servicios de educación, salud y seguridad.
El descalabro en los ingresos fiscales es tal que inclusive el impuesto sobre la renta tuvo un comportamiento negativo en 2015, con una caída de 4% respecto de 2014.
Esto significa que las empresas pagaron menos impuesto por dos posibles razones: La reforma tributaria de 2012 fue tan mala que se redujeron las obligaciones impositivas de las empresas y las redes de corrupción de la línea se extendieron a este ámbito.
En el caso de los impuestos recaudados en las aduanas, el deterioro por la corrupción encabezada por la pareja exgobernante se profundizó en 2015, de tal manera que el IVA cobrado a las importaciones se redujo en más de 3% respecto de lo percibido en 2014 y apenas alcanzó cifras similares a las de 2012. Por el lado del gasto, la corrupción generalizada se profundizó, como ha quedado en evidencia ante los distintos casos revelados por la CICIG y el MP.
La promesa electoral de combatir la corrupción, que fue la fórmula ganadora de las elecciones recientes, exige acciones inmediatas y contundentes. Para enfrentar la escasez de recursos, se requiere que el ministro de Finanzas Públicas aplique los controles necesarios en el traslado de fondos a las entidades públicas, a fin de asegurar que se reduzca la corrupción y se evita el despilfarro.
El ministro de Finanzas preside el Directorio de la SAT, y desde esa posición debe impulsar la recuperación de las capacidades de recaudación y fiscalización, para que los recursos generados por las obligaciones tributarias de los contribuyentes efectivamente lleguen a las arcas fiscales.
El ministro también preside el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (CONADIE), órgano superior encargado de aprobar las contrataciones de proyectos de infraestructura bajo la modalidad de alianza pública-privada.
En este esquema, el empresario hace la inversión inicial, y el Estado le remunera con los ingresos generados por el proyecto. Se requiere que se tomen decisiones favorables a los intereses del Estado, y no solamente de los inversionistas a cargo de los proyectos que se puedan aprobar.